De los efectos del conflicto:
El Narcotrafico

Los orígenes:

Lo que hoy consideramos “cultivos ilícitos” hacían parte de la cultura tradicional de los distintos pueblos indígenas de lo que hoy es Colombia. Su uso se adscribía a las celebraciones y ritos propios de cada etnia.

La coca (Erythroxylum coca) era consumida por la mayoría de pueblos indígenas de los Andes como energizante, remedio y estimulante. La colonización española y la posterior república decimonónica proscribieron su uso y lo hicieron prácticamente periférico.

La marihuana (Cannabis sativa e indica) arribó al país con la llegada de trabajadores jamaiquinos a la Costa Atlántica en la década de 1920. De allí se extendió al resto del país, siendo prohibida rápidamente. El consumo de este alucinógeno se adscribía principalmente a sectores populares y de la bohemia.

Desde los inicios del siglo XX existían en las principales ciudades colombianas incipientes redes clandestinas de tráfico de narcóticos, principalmente morfina, cuyos destinatarios eran grandes empresarios y políticos, por lo que no eran objeto de una persecución formal por parte de las autoridades.

Los narcóticos hacían parte de la vida social de las clases altas.

La bonanza marimbera:

La extensión del cultivo de marihuana en la Costa Atlántica (principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta), debida principalmente a la existencia de una inmensa demanda en el mercado estadounidense fruto de la contracultura de los 60`s, creó las primeras estructuras organizadas de narcotraficantes propiamente dichos, esto es: involucrados en un mercado mundial y en los distintos momentos del procesamiento del producto.

La bonanza duraría las décadas de 1960 y 1970.

Nacieron en ella los grupos de “marimberos” colombianos, asociados con los traficantes estadounidenses. Se trataba de incipientes empresarios del narcotráfico, implicados con el contrabando, que no construían carteles propiamente dichos, sino especies de bandas.

El caso del marimbero costeño “Cacique Miranda” es paradigmático: despilfarrador, bandolero, y sin la mentalidad industrial de los narcotraficantes de décadas posteriores.

La expansión de los cultivos agropónicos de marihuana y de la variedad “sinsemilla” (de mayor efecto alucinógeno) por la geografía estadounidense, significó la total crisis de los precios de la producción de marihuana colombiana.

Las bandas marimberas llegaron a su fin, producto de su derrota en el mercado internacional.

La economía de la coca:

Desde los 70’s vendría a consolidarse una nueva economía de la droga: la de la cocaína.

Grupos de colombianos se encargarían del procesamiento de pasta base originaria de Perú y Bolivia. La creciente demanda del mercado estadounidense, y los altísimos precios internacionales permitirían la consolidación de los núcleos de los posteriores carteles.

Los procesos de colonización agraria en el Sur y Oriente del país (Caquetá, Putumayo, Güejar), que no contaban con la más mínima presencia estatal, consolidarían los cultivos nacionales de coca.

Las principales características de la economía de la cocaína serían:

} Los altos niveles de ganancia que brinda el comercio exterior, por lo que se privilegia la producción masiva.

} La industrialización plena del proceso de procesamiento y refino de la coca. Para ello se hace necesaria una gran cantidad de insumos químicos, cuya importación requiere de la complicidad de instituciones estatales.

} La descentralización geográfica de los cultivos, debido al aprovechamiento de los procesos de colonización campesina hacia la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico.

} La hegemonía de los cultivos de coca sobre los de pancoger en las regiones de amplio cultivo. Se consolida el monocultivo coquero,

} El surgimiento de economías regionales alrededor del cultivo con serias consecuencias económicas (encarecimiento de la vida cotidiana), culturales (pérdida de las tradiciones comunitarias) y sociales (incremento de los niveles de violencia).

Se consolidan entonces los grandes carteles de la droga (Cali, Medellín) como estructuras complejas de control de la producción de la cocaína e incidencia en los ámbitos políticos, militares y culturales de la Nación.

Narcotráfico y cuestión agraria:

El cultivo de la coca representó la salida económica para las comunidades campesinas de las zonas de colonización iniciadas desde la década de 1970: Urabá, Güejar, La Macarena, Caguán, Putumayo.

Los altos precios de la coca permitían la estabilidad económica que no se conseguía con los cultivos “tradicionales”.

Las organizaciones campesinas han tenido que enfrentar los conflictos entre los carteles y actores armados, así como la postura represiva del Estado frente a los cultivos de uso ilícito.

Así mismo, la economía de la cocaína ha afectado seriamente los lazos comunitarios y las tradiciones culturales y económicas propias del campesinado.

Narcotráfico y política:

Los nacientes carteles de la cocaína se imbricaron prontamente con la política tradicional y las instituciones públicas ante la necesidad de incidencia sobre el aparato estatal que el negocio creaba.

Desde la creación de partidos políticos como MORENA hasta la presencia parlamentaria directa o indirecta, los carteles participaron del juego político nacional.

La incidencia política de los carteles se hará patente durante el gobierno Barco (1986-90) y su “guerra contra el narcotráfico”. Los carteles respondieron con actos terroristas y asesinatos selectivos por toda la geografía nacional.

A partir de ese momento se presentaron a sí mismos como actores políticos y le plantearon al aparato estatal una disyuntiva extorsiva: o negociación o escalada terrorista.

El caso más paradigmático y visible de la incidencia del capital narco en la política nacional se daría con el llamado proceso 8.000.

Al descubrir el abierto apoyo económico del Cartel de Cali a la campaña del presidente Ernesto Samper se generó una intensa crisis institucional en todo el país, que coadyuvó a la desintegración de los partidos tradicionales y a cierta reconfiguración del panorama político.

Narcotráfico y conflicto armado:

La llegada de la economía de la cocaína a las zonas de colonización campesina que servían como bases de apoyo a los grupos insurgentes significó la imbricación de dos problemáticas: el narcotráfico y el conflicto armado.

Por un lado los grupos insurgentes enfrentaban el reto de prohibir o no el cultivo de coca en sus zonas de apoyo campesino.

Las FARC-EP deciden en su VII Conferencia (1983) el cobro de un impuesto a los intermediarios de coca y pasta base en sus zonas de presencia.

Por su parte el ELN prohibió el cultivo de coca y amapola en las zonas de su influencia.

Sin embargo, la duración del conflicto y sus desarrollos posteriores, fueron llevando a ambos grupos a vincularse de alguna manera con los cultivos de uso ilícito.

Por su parte los grupos paramilitares de extrema derecha, nacidos con la connivencia de militares y políticos, se vincularon rápidamente con el negocio del narcotráfico, estableciendo enclaves para el procesamiento y transporte de cocaína y heroína, e incidiendo fuertemente en el panorama político de las regiones bajo su influencia.

Narcotráfico y cultura:

La expansión de la economía de las drogas durante la década de 1970 y 1980 permeó a la sociedad colombiana de la cultura de los carteles, la llamada cultura traqueta.

La popularización de gustos y mentalidades mafiosas dejó importantes consecuencias para la vida cotidiana de los colombianos: la masificación de la arquitectura kitsch, los estereotipos femeninos de la silicona, el sicariato, la ostentación, el bandolerismo juvenil, nuevos géneros musicales, etc.

La guerra contra las drogas:

El panorama complejo que ha impuesto la cuestión narcotráfico al país ha resultado de imposible resolución para los sucesivos gobiernos.

La problemática social oculta tras los cultivos de uso ilícito es sistemáticamente desconocida. La respuesta estatal ha sido siempre la represión en contra de los colonos campesinos e indígenas, ya sea por la vía de la fumigación o del desplazamiento y el desarraigo.

Así mismo, la postura estatal frente al tema de la implicación de los actores armados en el tráfico, es, por lo menos, ambigua: mientras legaliza con la Ley de Justicia y Paz los capitales de narcotraficantes directamente implicados con los paramilitares, utiliza el discurso de la “guerra de las drogas” y el antiterrorismo para ejecutar recursos para la lucha contrainsurgente.

Ponencia presentada por Apolinar Ruiz López, Vanessa Angulo Bamba y Camilo Serrano Corredor al curso de Historia de Colombia del Semestre I  de Trabajo Social, Universidad del Valle, Cali.